12 de Feb de 2018
Cartagena, 08 de febrero de 2018. Considerando que la construcción del Proyecto Aquarela Multifamiliar afecta de manera irreparable el factor paisajístico y arquitectónico del Castillo de San Felipe de Barajas
y pone en peligro la Declaración de la Unesco de Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena - SMPC mediante acción popular radicada en el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito, coadyuva la demanda presentada por el Ministerio de Cultura en la que se solicita la suspensión inmediata de la ejecución del proyecto
Para la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena - SMPC, al ser el Castillo San Felipe uno de los principales atractivos turísticos y referentes de la ciudad, considerado una de las 7 maravillas de Colombia y declarado por el Estado como un Monumento Nacional, éste debe ser protegido de obras que afecten su valor excepcional universal, sobre todo teniendo en cuenta que de acuerdo con declaraciones de la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, existe la posibilidad de que la ciudad pase por una declaración de Patrimonio Mundial en Peligro.
Para esta institución que durante 88 años tuvo como principal responsabilidad la custodia del patrimonio fortificado de Cartagena, es urgente que la ciudad se comprometa a velar por la protección de todos y cada uno de los bienes culturales y naturales existentes dentro de su territorio nacional, especialmente si esos bienes fueron catalogados como patrimonio cultural de la humanidad por parte de la propia UNESCO.
Bienes como el Castillo de San Felipe de Barajas tienen una especialísima protección por parte del Estado, en consideración a su importancia histórica, arquitectónica y paisajística tanto para el Distrito de Cartagena de Indias, como para el Estado colombiano, es por ello que la normatividad aplicable para garantizar su protección y cuidado, ostentan una mayor jerarquía y priman sobre las demás normas.
Con esta coadyuvancia la SMPC pretende declarar la vulneración y afectación de los derechos colectivos al Patrimonio Cultural de la Nación, la moralidad administrativa, al goce del espacio público, con la autorización y posterior desarrollo del proyecto Aquarela y que se tomen las medidas necesarias y urgentes a que haya lugar.
El asesoramiento jurídico de este proceso está siendo llevado por el abogado Jorge Iván Acuña Arrieta.